En el 2009 hemos atendido insólitos a como el sistema judicial español nos regalaba algunos asuntos que ponen de manifiesto el deterioro que empieza a asolar en el sistema y que de no poner remedio se convertirá en una grave lacra para la salud democrática del país. Por un lado tenemos a jueces que protegen a políticos corruptos, por otro lado jueces que son querellados por intentar investigar los crímenes de la dictadura franquista y por último la grave decisión de limitar el principio de justicia universal.
Pero 2010 nos recibía con otro rotundo golpe, que pone de manifiesto el desvarío en que parece vivir actualmente el sistema judicial español. El juez de lo Penal de Madrid, Ricardo Rodríguez dictó penas de cárcel, un año y nueve meses, para los periodistas de la Cadena SER, Rodolfo Irago y Daniel Anido por publicar en la web de la cadena, los nombres de las personas que se habían afiliado de manera irregular al Partido Popular, vulnerando los propios estatutos de su partido, con el fin de desbancar a un dirigente afín a Alberto Ruiz Gallardón para sustituirlo por alguien cercano a las tesis de Esperanza Aguirre.
La sentencia es un atropello, porque pone de manifiesto como un magistrado puede hacer una interpretación tan nefasta y desafortunada del texto constitucional. En el artículo 20 de nuestra constitución, se recoge el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión, pero el criterio del Sr. Rodríguez es que internet no es un medio de comunicación social “sino universal”. Repetimos que la constitución habla de cualquier medio de difusión y ¿qué es internet sino el principal medio de difusión?
Por otro lado se vulnera también, el hecho de que la noticia sea veraz y que se haya obtenido mediante métodos diligentes, algo que el propio magistrado confirma en su sentencia. Lo confirma pero para él, eso carece de valor. Al margen del enorme impacto que tuvo el artículo sobre este tema del señor Cebrián, es sorprendente como la sociedad, empezando por los partidos políticos, ha permanecido impasible ante una clara violación de los principios constitucionales. La revelación de datos que hicieron Anido e Irago, la hicieron en el ejercicio de su profesión de periodistas y como profesionales de la información, su deber no es otro que el de sacar a la luz e informar a la ciudadanía de aquellos acontecimientos que vengan a torpedear nuestro sistema. Ambos están cumpliendo con su misión de servicio a la sociedad, y a cambio lo que se encuentran es una sentencia, que les puede llevar a la cárcel como si de malhechores de la peor calaña se tratase. Afortunadamente el hecho de que la pena sea inferior a dos años y que ninguno tiene antecedentes penales evitaría en principio que acabasen en prisión, pero eso no quita para que el mero hecho de considerarles culpables nos deba parecer un inmenso error. Esto si que es una patada contra la libertad.
Como estudiante de periodismo,el pesimismo que ahora me invade es enorme, me acechan las dudas de si en el futuro podré ejercer mi profesión con plena libertad. Estoy plenamente convencido de que un sistema con una justicia inoperante es una lacra para la democracia. Un sistema sin justicia no puede ser democrático, debemos reaccionar para que no se haga irremediable esa paulatina pérdida de sentido que tiene una justicia, que además de ser extremadamente lenta, ahora también actúa contra aquellos que mejor servicio pueden prestar a nuestro país. Pero hasta que la reacción tenga lugar, Anido, Irago o el Juez Garzón tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados, mientras que los corruptos y los criminales internacionales camparán tranquilos, sabedores de su impunidad.