Contrarreforma sanitaria: la salud, de nuevo un privilegio

Hace un año de la contrarreforma sanitaria impuesta por el ejecutivo de Mariano Rajoy, y voluntariosamente aplicada por los gobiernos del Partido Popular. Un año en el que hemos visto como el conjunto de la comunidad sanitaria -por primera vez en la historia-, se unía para defender que lo principal sea la eficacia y no el ahorro sinsentido. Un año en el que, desgraciadamente, hemos tenido que ver los crueles efectos de esta política inhumana.

Pero, para comprender la magnitud del desastre es necesario remar un poco hacia el pasado, para llegar al año 1986. Ese es sin duda el punto de inflexión en la historia de la atención sanitaria de este país. En Europa, la salud –o el mantenimiento de ésta- empieza a considerare potestad del Estado a finales del siglo XIX, cuando los gobiernos descubren que una asistencia sanitaria decente no solo permite calmar las pasiones revolucionarias de una clase trabajadora hambrienta y cansada, sino que además mantiene la capacidad productiva, con un balance gasto/beneficio más que convincente. Así, por primera vez, la atención sanitaria desciende de su altar y llega a la población general.

En España, después de la Guerra Civil, el gobierno franquista introduce en su Ley de Bases de 1944 la responsabilidad por parte del Estado de mantener la salud pública, introduciendo así un Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE). El sistema de salud durante la dictadura se financiaba a través de una serie de cuotas sobre el trabajo, de manera que estar asegurado era un requisito indispensable para recibir tratamiento.

En 1986, el gobierno de Felipe González rompe con este sistema –inspirado en el que instauró Bismarck-, de forma que se pudiese poner en práctica el artículo 43 de nuestra Constitución. Así, el gobierno socialista separó la atención sanitaria de la Seguridad Social, de forma que se instauraba un modelo heredado de las teorías políticas y económicas de William Beveridge –uno de los creadores del concepto Welfare State-, por lo que la atención sanitaria se articulaba en forma de Sistema Nacional de Salud (SNS), y su financiación ya no dependía de la contribución individual al SOE, sino que recibía una partida independiente en los Presupuestos Generales del Estado. Además, el SNS ya no se financiaba exclusivamente mediante una cuota que pagasen los trabajadores, sino que lo hacía con los impuestos directos o indirectos del conjunto de la población. De hecho, la Ley General de Salud de 1986 establece que ésta es un derecho de todos los españoles, pero también de todos los extranjeros que residan o se encuentren en territorio Español.

sistemas sanitarios

Hasta el año 2012, este planteamiento se mantuvo, e incluso se afianzó con distintas normativas, pero hace un año, el gobierno tramitó por Real Decreto una normativa que echa por tierra los avances en la universalidad y gratuidad de nuestro sistema de salud. A partir de entonces, se recuperaba al asegurado, desempolvando una figura nacida de padres franquistas en 1944, de forma que solo aquellos que hayan cotizado tendrán derecho a la atención sanitaria. Quedaban así excluidos los jóvenes mayores de 27 años que no hubiesen trabajado e incluso quiénes, por discapacidad de hasta el 65%, no hubiesen declarado ingresos.

Para cavar más aún en la cloaca moral de esta contrarreforma, han derogado leyes que ellos mismos promulgaron en el año 2000, convirtiendo a los inmigrantes en la diana de su normativa, y su chivo expiatorio al grito de “los inmigrantes abusan del SNS”. Cuando, de hecho, estudios recientes ya demostraron que no era así.

Se excluye a los inmigrantes “irregulares” del sistema, para que solo puedan acceder a los servicios básicos, esos que durante la dictadura denominaban beneficencia, es decir: servicios de urgencias, maternidad y atención pediátrica, lo que implica que 573.000 inmigrantes “sin papeles” perderán su derecho a la salud.

Y la cosa no acaba ahí: a partir de ahora, todos los servicios sanitarios accesorios también quedan excluidos, y deberán ser repagados por los pacientes. Si padeces una insuficiencia renal crónica y debes someterte a hemodiálisis tres veces por semana, deberás gastar alrededor de 130€ cada vez que la ambulancia te lleve de tu casa al centro médico. 1500€ al mes. Y aún hay un último ejemplo más estremecedor, si cabe, que los anteriores: la nueva reforma sanitaria excluye el tratamiento de VIH para los pacientes que no tengan tarjeta sanitaria, y por lo tanto, para los inmigrantes en situación irregular, condenándoles a una muerte temprana y evitable.

Y quizá, en una situación desesperada como la que vivimos, podríamos llegar, no ya a comprender, pero al menos a tolerar estas reformas para ahorrar los 7000 millones que suponen. Pero cuando nos recuerdan que se han gastado más de 52.000 M€ de euros en rescatar a una banca que durante años ha premiado la ineptitud de sus gestores; o cuando recordamos que alrededor de 11.000 millones se destinarán a engordar las arcas de una institución sectaria e intolerante que aún intenta intervenir en las decisiones públicas, se hace muy duro convencernos para apagar las antorchas y no reclamar justicia. Pero no lo hacemos; no queremos conseguirlo así, y por eso seguiremos luchando en las calles, de forma pacífica, reclamando que nuestros impuestos sirvan para el bien común, y no para el enriquecimiento de algunos.

Los recortes son injustos e ineficaces tal y como se plantean, y lo que es más importante: demuestran que las intenciones del gobierno no pasan por proteger a la población más vulnerable. Es triste que un partido que se jacta hablando de la educación en valores -cristianos, cómo no-, que gusta de presentarse como el abanderado del derecho a la vida, sea el responsable de estos crímenes morales. Hablan de Derechos Humanos, de respeto a la vida, pero con sus políticas sólo demuestran estar al servicio de la influencia escandalosa y dogmática de la Iglesia: no nos engañemos, la vida no les importa nada; ellos solo se aprovechan de la situación para remodelar, recortar y reconstruir. Bienvenidos a la nueva España.

 

Álvaro de la Serna

Artículo publicado originalmente en guerreausilence.com

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Etiquetas Opinión, Sanidad, Sostenibilidad

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