Mes: enero 2010

En el 2009 hemos atendido insólitos a como el sistema judicial español nos regalaba algunos asuntos que ponen de manifiesto el deterioro que empieza a asolar en el sistema y que de no poner remedio se convertirá en una  grave lacra para la salud democrática del país. Por un lado tenemos a jueces que protegen a políticos corruptos, por otro lado  jueces que son querellados por intentar investigar los crímenes de la dictadura franquista y por último la grave decisión de limitar el principio de justicia universal.

Pero 2010 nos recibía con otro rotundo golpe, que pone de manifiesto el desvarío en que parece vivir actualmente el sistema judicial español. El juez de lo Penal de Madrid, Ricardo Rodríguez dictó penas de cárcel, un año y nueve meses, para los periodistas de la Cadena SER, Rodolfo Irago y Daniel Anido por publicar en la web de la cadena, los nombres de las personas que se habían afiliado de manera irregular al Partido Popular, vulnerando los propios estatutos de su partido, con el fin de desbancar a un dirigente afín a Alberto Ruiz Gallardón para sustituirlo por alguien cercano a las tesis de Esperanza Aguirre.

La sentencia es un atropello, porque pone de manifiesto como un magistrado puede hacer una interpretación tan nefasta y desafortunada del texto constitucional. En el artículo 20 de nuestra constitución, se recoge el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión, pero el criterio del Sr. Rodríguez es que internet  no es un medio de comunicación social “sino universal”.  Repetimos que la constitución habla de cualquier medio de difusión y ¿qué es internet sino el principal medio de difusión?

Por otro lado se vulnera también, el hecho de que la noticia sea veraz y que se haya obtenido mediante métodos diligentes, algo que el propio magistrado confirma en su sentencia. Lo confirma pero para él, eso carece de valor. Al margen del enorme impacto que tuvo el artículo sobre este tema del señor Cebrián, es sorprendente como la sociedad, empezando por los partidos políticos, ha permanecido impasible ante una clara violación de los principios constitucionales. La revelación de datos que hicieron Anido e Irago, la hicieron en el ejercicio de su profesión de periodistas y como profesionales de la información, su deber no es otro que el de sacar a la luz e informar a la ciudadanía de aquellos acontecimientos que vengan a torpedear nuestro sistema. Ambos están cumpliendo con su misión de servicio a la sociedad, y a cambio lo que se encuentran es una sentencia, que les puede llevar a la cárcel como si de malhechores de la peor calaña se tratase. Afortunadamente el hecho de que la pena sea inferior a dos años y que ninguno tiene antecedentes penales evitaría en principio que acabasen en prisión, pero eso no quita para que el mero hecho de considerarles culpables nos deba parecer un inmenso error. Esto si que es una patada contra la libertad.

Como estudiante de periodismo,el pesimismo que ahora me invade es enorme, me acechan las dudas de si en el futuro podré ejercer mi profesión con plena libertad. Estoy plenamente convencido de que un sistema con una justicia inoperante es una lacra para la democracia. Un sistema sin justicia no puede ser democrático, debemos reaccionar para que no se haga irremediable esa paulatina pérdida de sentido que tiene una justicia, que además de ser extremadamente lenta, ahora también actúa contra aquellos que mejor servicio pueden prestar a nuestro país. Pero hasta que la reacción tenga lugar, Anido, Irago o el Juez Garzón tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados, mientras que los corruptos y los criminales internacionales camparán tranquilos, sabedores de su impunidad.

Se entiende, como principio de Justicia Universal, el que invoca un Estado con el fin de perseguir hechos cometidos por españoles o por extranjero, fuera del territorio nacional, cuando lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por toda la comunidad internacional. Bienes jurídicos, en cuya protección, la comunidad internacional se encuentra interesada, normalmente por su especial relación con la idea de “dignidad humana”. Es decir, que se presupone como fundamento, como legitimación de este principio, no el perseguir intereses o proteger bienes jurídicos de los ciudadanos de un Estado determinado, sino que son considerados por la comunidad internacional como dignos de protección. Es precisamente esta cuestión, la que ha sido olvidada por los parlamentarios españoles tras la reforma de la Justicia Universal llevada a cabo recientemente.

En España, el principio de Justicia Universal se encuentra regulado en el artículo 23, 4 de la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece la competencia de la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos fuera del territorio que sean calificados, en base a la ley española, como alguno de los siguientes delitos: genocidio, terrorismo, piratería, falsificación de moneda extranjera, los relativos a la prostitución, tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, los relativos a la mutilación genital y cualquier otro que según los tratados o convenios internacionales deba ser perseguido en España. Antes de la actual reforma, dicha regulación contemplaba el principio de Justicia Universal, tal como hemos dicho antes, es decir, con la intención de proteger intereses reconocidos por la comunidad internacional y no únicamente españoles, cuestión que ya fue examinada por el Tribunal Constitucional, que en la Sentencia 237/2005, de 26 de septiembre, anuló una decisión del Tribunal Supremo que ya pretendía exigir intereses españoles a la hora de invocar el principio. Nuestro Tribunal Constitucional, determinó que no es necesaria la existencia de intereses españoles para mantener la competencia extraterritorial llevando la contraria tanto a la resolución anterior del Tribunal Supremo, como a la actual situación jurídica de la Justicia Universal tras su reforma.

Sin embargo, pese a la Sentencia del Tribunal Constitucional y los importantes avances en materia de Justicia Universal que supusieron los procesos desarrollados desde la Audiencia Nacional (caso Scilingo, caso Pinochet, etc), los grupos parlamentarios mayoritarios han decidido limitar dicho principio (llegando tal vez a terminar con su razón de ser) añadiendo en el artículo 23, 4 de la LOPJ lo siguiente:

para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España.

¿Qué ha llevado a los parlamentarios españoles a tomar esta decisión? Probablemente, han sido los problemas políticos y diplomáticos que han generado estos procesos, lo que ha llevado al Parlamento a recortar la Justicia Universal,  es decir, ha primado el pragmatismo sobre la “Justicia”. En mi opinión, estamos ante un asunto de gran relevancia, debido al poco o nulo poder que tienen los tribunales internacionales para juzgar los delitos de lesa humanidad que se cometen en el mundo. En mi modelo ideal de sociedad mundial, me gustaría que existiera un Tribunal Penal Internacional, que fuera competente para conocer de todos los delitos cometidos contra la humanidad en cualquier lugar del mundo, sin embargo, siendo realistas, los únicos avances en relación con la justicia en el mundo de los últimos años han venido de la aplicación del principio de Justicia Universal por parte de los tribunales nacionales.

En definitiva, si consideramos la situación de la justicia en el mundo como algo preocupante y si queremos acabar con la impunidad en el mundo, no podemos permitirnos dar un paso atrás limitando el principio de Justicia Universal de esta forma.